La conversación sobre niñas, niños, adolescentes y redes sociales está cambiando de tono. Durante años, buena parte de la responsabilidad recayó en las familias: establecer horarios, supervisar contenidos, quitar el teléfono durante la cena o intentar convencer a un adolescente de que deje de hacer scroll y se vaya a dormir. Hoy, distintos gobiernos empiezan a plantear otra pregunta: ¿qué responsabilidad tienen las plataformas que diseñan estos entornos digitales? Y, ¿qué respuestas deben dar a los ciudadanos desde la educación y las políticas públicas?
La discusión cobró nueva fuerza en Europa con la propuesta de ley de la UE para proteger a los menores de los servicios digitales y los sistemas de IA riesgosos; la EU Kids act, que propone mantener un marco regulatorio coherente y una estructura de aplicación para la protección de los menores en línea. Entre otras cosas, esta iniciativa propone establecer límites de edad y mayores obligaciones para las plataformas.
México no está fuera de esta conversación: ya se han presentado iniciativas legislativas relacionadas con límites de edad, consentimiento parental y mayores protecciones para usuarios menores de redes sociales. Como un primer paso, la Secretaría de Educación Pública acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo cuyo objetivo es garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. La preocupación tiene fundamentos. Pero la ciencia también obliga a introducir matices.
¿Las redes sociales dañan la salud mental?
La respuesta corta es: depende. La evidencia disponible no permite afirmar que todas las redes sociales sean perjudiciales para todos los adolescentes ni que exista una relación sencilla de causa y efecto entre “horas de pantalla” y problemas de salud mental. Los efectos dependen de qué se hace en las plataformas, qué contenido se consume, a qué hora se utilizan, las características del adolescente y el diseño de la propia plataforma.
Se han encontrado asociaciones entre determinados patrones de uso, especialmente el uso compulsivo o pasivo, y depresión, ansiedad, insatisfacción con la imagen corporal, problemas de sueño y otros indicadores de malestar psicológico. Según una investigación reciente, las niñas y adolescentes más jóvenes, así como personas con ciertas vulnerabilidades previas, pueden presentar mayores riesgos.
Pero medir solamente cuánto tiempo pasa un adolescente frente a una pantalla puede ocultar más de lo que revela. Dos horas conversando con amigos, creando contenido o buscando información no son equivalentes a dos horas de consumo compulsivo, comparación social o exposición al ciberacoso. Otra revisión reciente concluye precisamente que el riesgo está más relacionado con vulnerabilidades individuales, contenido dañino, pérdida de control, alteraciones del sueño y experiencias negativas que con una medida simple de tiempo de pantalla. Por eso, no es solo una cuestión de “cuántas horas”, sino “qué sucede durante esas horas”.
¿Prohibir es la solución?
Establecer una edad mínima puede reducir determinadas exposiciones, particularmente entre los niños más pequeños. Sin embargo, no existe un cumpleaños científicamente establecido a partir del cual las redes sociales se vuelvan repentinamente seguras.
Además, las prohibiciones plantean problemas prácticos: ¿cómo comprobamos la edad de un usuario?, ¿qué datos personales necesitamos para hacerlo?, ¿pueden los adolescentes eludir el sistema?, ¿migrarán hacia otras plataformas menos reguladas?
La evidencia sobre políticas de restricción por edad sigue siendo limitada. Una revisión sistemática de medidas implementadas internacionalmente encontró importantes dificultades para determinar qué políticas funcionan y señaló que algunas restricciones pueden simplemente desplazar el uso hacia otras actividades digitales.
La evaluación de estas propuestas regulatorias no debería limitarse a preguntar si disminuyó el uso de determinadas redes. También habrá que observar qué ocurre con el sueño, la salud mental, el rendimiento académico, las relaciones sociales, la alfabetización digital y la migración hacia otros espacios online.
¿Y México?
El debate en México no tendría que reducirse a copiar la edad establecida por otro país o prácticas implementadas en esos entornos. Hay que tomar en cuenta las condiciones específcias del país en materia de brecha digital, acceso a la tecnología, consumos culturales y alfabetización mediática y digital. Establecer, de acuerdo con nuestro contexto, qué riesgos se quieren y deben disminuir, y qué mecanismos tienen mayor probabilidad de conseguirlo.
Una política integral podría organizarse alrededor de cinco dimensiones: edad, diseño, datos, contenido y educación. Esto incluye discutir mecanismos de verificación de edad que protejan la privacidad; configuraciones especialmente seguras para menores; restricciones al perfilamiento y a la publicidad dirigida; mejores mecanismos contra el ciberacoso y el contacto no deseado; y límites a características diseñadas para prolongar continuamente la interacción.
También significa invertir en alfabetización digital. Los niños y adolescentes necesitan desarrollar habilidades para reconocer manipulación, publicidad engañosa o perjudicial, desinformación, riesgos de privacidad y patrones problemáticos de uso. Las familias y las escuelas necesitan herramientas para acompañarlos.
Y, sobre todo, significa dejar de colocar toda la responsabilidad sobre el menor y sus padres. Las plataformas deciden cómo funcionan sus algoritmos, qué contenido recomiendan, qué notificaciones envían y qué mecanismos utilizan para mantener nuestra atención. Un análisis de las recomendaciones internacionales sobre salud mental y redes sociales identifica precisamente la rendición de cuentas, la transparencia y la “seguridad desde el diseño” como componentes centrales de una respuesta regulatoria más amplia.
La alternativa, por tanto, no tiene que ser “prohibir o no hacer nada”. Se puede proteger a los menores y, al mismo tiempo, reconocer que los espacios digitales también ofrecen conexión, aprendizaje, creatividad y apoyo entre los más jóvenes.
Más que preguntarnos a qué edad permitir a un adolescente unirse a una red social, debemos centrarnos en qué uso pueden y deben hacer los más jóvenes a esos entornos digitales. La educación mediática, el pensamiento crítico y la prevención, siguen siendo mejores opciones antes que la prohibición o el castigo.
Referencias
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