La desinformación se ha convertido en uno de los problemas más persistentes del ecosistema digital contemporáneo. No solo circula con rapidez: también moldea percepciones, contamina debates públicos y erosiona la confianza en instituciones, medios y comunidades. En ese contexto, el Pacto contra la Desinformación ha sido impulsado desde la Universidad de Sevilla, como un esfuerzo relevante por pasar del diagnóstico a la articulación de compromisos concretos.
La iniciativa se puso en marcha en el contexto del X Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento Crítico: Poder, Tecnologías y Sociedad, realizado los días 25 y 26 de marzo de 2026 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, con la participación de más de 250 especialistas de 14 países, entre ellos México. El congreso fue organizado por el grupo de investigación Diálogos, y destacó como espacio de intercambio académico y profesional sobre desinformación, plataformas, discurso público y transformaciones tecnológicas.
Este encuentro internacional, en el que participó el Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey, es una iniciativa orientada a "reducir el impacto de la desinformación y a promover un entorno informativo más responsable". Su propuesta parte de una idea que vale la pena subrayar: la desinformación no puede enfrentarse de manera eficaz si se le trata solo como una suma de contenidos falsos o como una cadena de episodios aislados. Lo que está en juego es más profundo: la calidad de la conversación pública, la capacidad ciudadana de distinguir entre información y manipulación, y las condiciones mismas de la deliberación democrática.
La declaratoria de principios generales del Pacto contra la Desinformación ofrece una definición amplia del problema. Allí se sostiene que la desinformación provoca un “daño profundo” y que sus efectos alcanzan distintas escalas de la vida social. El documento la entiende como una conducta orientada a influir sobre personas usuarias de canales masivos de comunicación mediante el engaño o la tergiversación, con la intención de obtener algún beneficio. Además, advierte que su eficacia suele apoyarse en la activación de emociones negativas, en la simplificación de mensajes complejos y en la vulnerabilidad estructural de sociedades que dependen de la circulación de información para tomar decisiones.
Así, el Pacto no reduce la desinformación a una falla técnica del sistema informativo, sino que la sitúa como un fenómeno con consecuencias en la salud, la economía, el cambio climático, la democracia y la convivencia social. En otras palabras, la desinformación aparece aquí no solo como un problema mediático, sino como una forma de distorsión que atraviesa la vida colectiva. Desde esa perspectiva, la respuesta tampoco puede ser simple. El propio documento insiste en la necesidad de evitar salidas reduccionistas y de fomentar investigación, aprendizaje, sinergias y vigilancia crítica sobre los efectos de las medidas que se adopten.
La otra dimensión importante del Pacto tiene que ver con su anclaje universitario. El cruce entre universidad, investigación y acción pública le da al Pacto una densidad particular. No surge únicamente como reacción coyuntural frente a una ola de bulos o campañas engañosas, sino como parte de una conversación más amplia sobre el papel de las instituciones académicas en la construcción de ciudadanía crítica. En un momento en que la desinformación se beneficia de la velocidad, la saturación de contenidos y la opacidad algorítmica, resulta significativo que una iniciativa de este tipo nazca desde un espacio universitario y convoque a actores diversos a pensar respuestas compartidas.
Esto revela una apuesta interesante: no restringir la conversación a medios o verificadores, sino abrirla a colectivos, redes educativas, iniciativas de democratización del conocimiento y comunidades universitarias.
Todas las organizaciones firmantes aceptan que combatir la desinformación requiere algo más que correcciones puntuales: exige construir cultura crítica, fortalecer capacidades de interpretación, generar alianzas y asumir compromisos visibles. Ahí radica, quizá, el mayor valor del Pacto. No promete una solución total a un fenómeno complejo, pero sí propone una forma de organización que reconoce su complejidad y evita el gesto vacío de la condena retórica.
Desde el Observatorio de Medios Digitales, mirar esta experiencia resulta pertinente por varias razones. Primero, porque confirma que la desinformación debe abordarse desde enfoques interinstitucionales y no exclusivamente desde la verificación reactiva. Segundo, porque recoloca a la universidad como un actor con responsabilidad pública en este campo. Y tercero, porque abre una discusión necesaria sobre cómo convertir principios compartidos en prácticas evaluables, sostenidas y socialmente útiles. Esa será, probablemente, la prueba decisiva para el Pacto en los próximos meses: traducir la declaratoria en acciones con continuidad, seguimiento y efectos tangibles.
En tiempos de sobreabundancia informativa, manipulación estratégica y fatiga cognitiva, iniciativas como esta recuerdan algo esencial: la defensa de un espacio público más íntegro no depende de un solo actor ni de una sola herramienta. Depende de la capacidad de construir compromisos compartidos, de sostenerlos en el tiempo y de hacerlos visibles ante la sociedad. En esa apuesta, el Pacto contra la Desinformación de la Universidad de Sevilla merece atención.