Similar a lo que sucede en otros píses, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de restringir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años ha reactivado el debate en España sobre salud pública, libertad individual e intervencionismo estatal en la vida privada. Existe un consenso creciente entre psicólogos, educadores y familias sobre la adicción al móvil y a las plataformas digitales: se han atestiguado efectos nocivos derivados de su uso en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores (ansiedad, problemas de atención, trastornos del sueño o deterioro de la autoestima vinculada a la comparación constante).
Sin embargo, reconocer el daño no implica que la respuesta adecuada sea la restricción de libertades. Equiparar las redes sociales a otras sustancias prohibidas puede resultar tentador desde el punto de vista político, pero ignora una diferencia fundamental: el entorno digital no es solo un espacio de ocio, sino también de socialización, aprendizaje, expresión y participación cívica. Limitar su acceso por decreto, como plantea John Stuart Mill en On Liberty, puede generar una ilusión de control, pero también abre la puerta a un modelo paternalista que sustituye la educación por la prohibición y sienta así un precedente peligroso.
Los defensores de la regulación argumentan que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores frente a riesgos que no pueden gestionar por sí mismos. Señalan que las grandes plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de uso mediante algoritmos adictivos y que los padres, por sí solos, no pueden competir con ese poder de captación. Además, recuerdan que existen precedentes en la limitación legal de la libertad en nombre de la salud pública: edad mínima para consumir alcohol, restricciones a la publicidad del tabaco o normas de seguridad vial. Desde esta perspectiva, establecer barreras legales al acceso temprano a las redes sería una extensión lógica del principio de protección del menor.
Pero la analogía tiene límites. Mientras que el alcohol o el tabaco son bienes prescindibles y claramente perjudiciales, el entorno digital es una infraestructura social básica del siglo XXI. Prohibir su uso sin una estrategia educativa sólida puede fomentar el acceso clandestino, aumentar la brecha generacional y trasladar el problema a ámbitos menos visibles y menos regulables. Además, la experiencia histórica muestra que las políticas basadas exclusivamente en la prohibición suelen fracasar si no van acompañadas de un cambio cultural profundo.
Así pues, si el objetivo es reducir la adicción digital sin erosionar libertades, la solución pasa por políticas públicas activas de educación y corresponsabilidad. Es imprescindible incorporar la alfabetización digital crítica como asignatura transversal desde primaria, con contenidos sobre gestión del tiempo de pantalla, funcionamiento de algoritmos y salud mental. El Estado debería financiar programas obligatorios de formación para padres y docentes, promover campañas de concienciación similares a las del tabaco o la seguridad vial y exigir a las plataformas mecanismos de control por defecto para menores (límites de uso, desactivación de notificaciones adictivas y transparencia algorítmica). Además, los incentivos fiscales o las certificaciones públicas podrían premiar a las empresas tecnológicas que adopten diseños menos adictivos. No se trata de prohibir el acceso, sino de crear un entorno donde elegir bien sea lo más fácil. No es aconsejable mirar hacia otro lado ni vetar categóricamente una herramienta, sino aprender a utilizarla de forma constructiva.
Todo esto no significa renunciar a la regulación. Es legítimo exigir a las plataformas mayor transparencia, límites a la explotación de datos de menores y diseños menos adictivos. Pero convertir la solución en un problema de edad legal corre el riesgo de simplificar un fenómeno complejo y de erosionar libertades sin garantizar resultados. En última instancia, la adicción digital es un desafío cultural, educativo y tecnológico, no solo jurídico. Proteger a los menores es imprescindible, pero hacerlo a costa de su autonomía y sin apostar por la educación es una respuesta insuficiente. Educar en libertad puede ser más difícil que prohibir, pero también es la única vía sostenible para formar ciudadanos críticos en la era digital.
*Iosu Múgica Rubio es graduado graduado en Periodismo y Filología Hispánica por la Universidad de Navarra.