En los últimos días se ha debatido en redes sociales la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que tiene por objetivo combatir la piratería y la falsificación física y digital cuando se trate de imitar, copiar o usar sin autorización logotipos, escudos, símbolos o sitios web gubernamentales de cualquier nivel para engañar a los usuarios.
Bautizada como “Ley Antimemes”, la propuesta de reforma se proponía sancionar de forma amplia el uso, reproducción o imitación de elementos de identidad institucional. Ahí, según expertos, columnistas y analistas, podrían caber las caricaturas políticas o los memes que muchas veces reproducen siglas de partidos, de gobiernos o logos oficiales con el fin de dar un contexto amplio. Inmediatamente surgieron voces que encuadraron esta propuesta legislativa en la censura. Senadores de oposición, como Ricardo Anaya, aseguraron que la redacción era ambigua y que, bajo el argumento de defender la Propiedad Industrial, se podría “meter a la cárcel hasta siete años a cualquier persona que utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica del gobierno”.
Moneros, caricaturistas y creadores de contenido levantaron la voz al unísono argumentando violaciones a cualquier ley relacionada con la libertad de expresión. Muchos de ellos utilizan siglas de partidos, representaciones gráficas de logos de gobierno e incluso imágenes de programas sociales para realizar su labor periodística.
Y es que, como ha pasado con muchas otras iniciativas, la redacción no fue clara, no se hacía referencia a temas como “escala comercial”, tampoco se hablaba del verdadero objetivo, a decir de legisladores promoventes: atacar la piratería, la suplantación digital de identidad y evitar fraudes en nombre del gobierno.
Interpretaciones y deducciones
El senador Javier Corral, de Morena, ha defendido esta iniciativa argumentando que lo que se busca únicamente es frenar “la suplantación gubernamental y la comisión de ciberdelitos”.
Ante la polarización, se modificó la propuesta y se buscó centrar el debate en la clonación de páginas de gobierno o falsificación de documentos para fraudes. Tanto el Gobierno Federal como legisladores de Morena, aseguraron que se busca proteger a la población de caer en falsas promesas y engaños. Por ejemplo, recordemos los virales videos deepfake en los que periodistas invitan a invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa del estado mexicano que no cotiza en Bolsa y mucho menos permite la inyección de capital privado a manera de financiación.
Además, la iniciativa de reforma corregida señala que exclusivamente se castigará con entre uno y cinco años de cárcel "a quien utilice material gráfico oficial de distintos niveles de gobierno, así como de órganos autónomos para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública”.
Explícitamente, en ningún punto de las redacciones, propuesta y modificada, se señala que habrá un castigo para quien haga memes o algún tipo de parodia política. Es pertinente aclarar que no existe una “Ley Antimemes”, ni tampoco una penalización sobre el ejercicio periodístico en el que se reproduzcan logos oficiales, ni cualquier tipo de identidad gráfica.
Sin embargo, hace falta un señalamiento claro de exclusión. Por ejemplo, de que quien utilice la identidad gráfica del Gobierno Federal en un video, caricatura política o meme, por el que reciba un pago al ser parte de una empresa de comunicación, esté en riesgo de terminar en un embrollo jurídico. Claro, siempre y cuando no busque engañar a alguien de “querer invertir en acciones” de algún gobierno, de Pemex o alguna otra empresa del estado.