En el debate público suele asumirse que la desinformación proviene de actores marginales o malintencionados: cuentas anónimas, portales dudosos o campañas coordinadas. Sin embargo, existe otro aspecto a considerar en el ecosistema informativo que contribuye a la desinformación: las situaciones en las que las propias fuentes oficiales terminan contribuyendo a la confusión. No se trata de equiparar institucionalidad con manipulación, sino de examinar cómo decisiones comunicativas poco rigurosas, apresuradas o ambiguas pueden distorsionar la percepción ciudadana y erosionar la confianza pública.
Las instituciones gozan de un privilegio informativo evidente; para muchos son la referencia legítima y confiable. Precisamente por eso, cuando un error, una omisión o una afirmación imprecisa nace de un organismo oficial, su impacto es mucho más profundo que el de un rumor aislado. La autoridad funciona como multiplicador: ente más credibilidad se le atribuye, más vulnerable es la audiencia frente a un mensaje inexacto..
Los aportes institucionales a la desinformación pueden adoptar diversas formas. A veces se originan en errores involuntarios, como comunicados difundidos con premura o datos preliminares sin contextualización suficiente. En otras ocasiones, el problema proviene de la ambigüedad deliberada: discursos formulados para evitar compromisos, responsabilidades o claridad, lo que abre la puerta a interpretaciones contradictorias. También está la dimensión de las omisiones para no entrar en detaller incómodos, o el silencio institucional, especialmente ante temas sensibles, que crea vacíos que son ocupados por rumores y especulaciones.
Este fenómeno se intensifica cuando los medios de comunicación y las plataformas digitales entran en juego. La mayoría de la información noticiosa parte de insumos proporcionados por fuentes oficiales, de modo que cualquier inconsistencia que provenga de ellas se reproduce y escala con rapidez. En redes sociales, la inmediatez supera a la verificación y el mensaje inicial, aunque sea erróneo, viaja más lejos y más rápido que cualquier rectificación posterior.
Ante esta dinámica, el papel de las organizaciones verificadoras adquiere una relevancia crucial. Su labor de contrastar afirmaciones de líderes políticos, empresas, organismos públicos y figuras influyentes no sólo corrige errores, sino que introduce una capa de escrutinio independiente que las instituciones no siempre están dispuestas a ejercer sobre sí mismas.
Frente al impacto que estas formas de desinformación puede tener en la confianza ciudadana, se vuelve inevitable plantear cómo construir un verdadero compromiso institucional con la calidad de la información pública. La cuestión no es sólo cómo exigir estándares más altos a quienes ocupan posiciones de poder, sino también cómo asegurar que estos actores asuman la responsabilidad de comunicar con rigor, transparencia y coherencia en un entorno donde cada mensaje tiene consecuencias.