Entre el ruido del pleno, la frase de la diputada Olga Leticia Chávez, “actualícense ignorantes”, pasó desapercibida como una broma parlamentaria más. Pero, vista con más detenimiento, su intervención del 26 de junio de 2025, para defender que usó Inteligencia Artificial (IA) para condensar un dictamen de 205 páginas “en 15 minutos”, funciona como aviso de una transformación irreversible del trabajo legislativo.
Días después de la diputada Chávez, el senador Mario Vázquez (PAN) fue captado utilizando ChatGPT desde su curul y luego lo admitió, aclarando que lo emplea para elaborar sus discursos: “sí uso ChatGPT… pero le dicto yo”. Aunque el primero en dar el paso fue el exdiputado Javier López Casarín (PVEM), quien en abril de 2023 presentó “Javi Virtual”, un avatar con su voz y rasgos para comunicarse con la ciudadanía, pionero en llevar la IA a la representación pública.
En años recientes, pocas cosas han cambiado la rutina legislativa como la IA, que ya se escurre entre iniciativas, se fija en minutas y ya se escucha en los discursos de las personas legisladoras. Desde que inició esta LXVI Legislatura, el hilo en pasillos y chats no es si usarla, sino cómo sacarle provecho. O, como lo resumió un informante, “hay que usarla sin quemarse”.
En esta columna comparto los avances (a manera de notas generales) de una investigación en curso sobre cómo se está usando la IA en el trabajo legislativo en México; qué resuelve, qué riesgos abre, qué resistencias se le presentan y qué reglas mínimas hacen falta para implementar su uso de manera eficiente, responsable y ética. Hasta ahora el trabajo de investigación ha consistido en recopilar conversaciones y encuestas a congresistas, asesores, cuerpo técnico y administrativo de las cámaras federales y algunos congresos locales del país.
El diagnóstico abre con una paradoja, y es que el 80% de las personas consultadas considera que la IA es necesaria para hacer más eficiente su trabajo, pero solo 3 de cada 10 admiten sentirse capacitadas para integrarla con responsabilidad en sus labores parlamentarias. Aquí aparece un segundo filo, pues alrededor del 20% de los informantes cuestiona, en clave ética, la normalización de su uso. Es decir, 2 de cada 10 la asocian con dudas de autoría y falta de trazabilidad, y advierten que podría erosionar la seriedad y la honorabilidad de un poder emanado del voto. El problema adicional (compartido por prácticamente todos los congresistas, asesores y administrativos) es que no hay claridad compartida en lo que se debería cuestionar política y moralmente en el uso institucional de la IA. “Aquí nadie quiere decirlo en voz alta, pero en cada oficina alguien ya lo tiene abierto en su computadora”. (asesor local)
En ninguno de los congresos analizados existe un acuerdo interno ni lineamientos sobre uso de IA en distintas tareas legislativas: no se especifica qué insumos pueden pasarse por un modelo, cómo documentar su intervención ni quién respondería por errores u omisiones. “Ahorita cada quien lo usa como quiere: no sabemos si se puede meter un dictamen completo, si hay que guardarlo o quién se hace responsable si algo sale mal”. (asesor federal)
Al respecto importa decir que el Reino Unido (no de los parlamentos más avanzados en el tema) cuenta con regulaciones internas. Así, por ejemplo, si una pieza legislativa usó IA abierta, se declara en el documento, se verifica y alguien firma; además, los prompts y las salidas se resguardan en el expediente y hay reglas claras de resguardo y acceso a datos. La Unión Interparlamentaria (IPU) sugiere que sus principales usos son: comparar proyectos con la ley vigente, mapear enmiendas, resumir debates, siempre con transparencia y trazabilidad de qué hizo la IA y qué revisó una persona. Es decir, ya hay parlamentos y estándares internacionales que muestran cómo usar IA sin vacíos: decir cuándo se usó, dejar rastro de cómo se usó y asegurar quién responde. Con ese piso, lo que falta aquí no es teoría, sino acuerdo operativo: etiquetar el uso, resguardar prompts y salidas en el expediente, exigir doble lectura humana y prohibir cargar información sensible en servicios abiertos. Con eso, el uso deja de ser artesanal y pasa a regla verificable.
De vuelta al caso de México, las modalidades de uso de la IA apuntan a un uso dominante orientado a tareas de texto: 67-70% la emplea para redacción, resumen y análisis; atrás quedan aspectos como comunicación externa e interna (15–18%) y organización de las tareas dentro de las oficinas (10–12%). En los ejercicios de asociación libre, “innovación”, “mejoría” y “tecnología” aparecen en 7 de cada 10 respuestas, mientras “hacer trampa” surge como alerta ética persistente aunque minoritaria. Los resultados advierten, pues, un impulso para adoptar la IA donde ahorra tiempo y ordena información, pero persiste un freno para reconocerlo en público por estigma y por la ausencia de reglas que separen asistencia de suplantación. De hecho, en las mediciones exploratorias solo 10-12% de las y los legisladores reconocen uso directo, frente a un 60% de admisión de su uso entre los equipos técnicos y de asesoría. Esta distancia obedece al costo reputacional del cargo, al mayor escrutinio sobre la autoría y a la exposición mediática de las personas legisladoras, mientras el personal técnico opera con mayor cobertura organizacional y crecientes volúmenes de trabajo en tiempos acotados.
Otro aspecto llamativo es la prevalencia de una brecha territorial e infraestructural que condiciona la adopción de IA en los congresos. En el ámbito federal, entre 50% y 60% de las comisiones reporta usos regulares para tareas cotidianas. Pero en congresos locales la cifra cae a 15%, con diferencias marcadas por antigüedad del equipo y calidad de la red. En estas asambleas, cerca de la mitad de los equipos de asesoría señala que debe trabajar con una conectividad inestable dentro de los recintos y traslada trabajo a casa al menos una vez por semana; además, 25%-30% de estas personas en congresos subnacionales opera fuera de la red institucional y 15%-20% utiliza equipos personales, lo que eleva riesgos de exposición de datos y pérdida de trazabilidad. “Acá la red se cae a cada rato. Muchos compañeros terminamos llevándonos la laptop a casa para poder avanzar y los diputados ya lo saben y lo asumen, a menos que sea un ‘bomberazo’”. (asesora en congreso local). La infraestructura también pesa en lo básico, pues cerca del 30% de los puestos funciona con computadoras de más de cinco años, lo que limita velocidad, compatibilidad y la posibilidad de integrar flujos de trabajo con resguardo y registro adecuados.
El panorama inicial de esta investigación apunta a una conclusión inevitable: la IA ya está instalada en los congresos del país y la discusión no es sobre su llegada, sino sobre cómo integrarla de manera que aumente la eficiencia sin debilitar la responsabilidad pública. Para lograrlo se requieren reglas mínimas, capacitación sistemática, acuerdos internos de uso, trazabilidad editorial y resguardo de datos, que den certidumbre y eviten que cada oficina la use de forma improvisada. Como lo resumió un informante en entrevista: “Ya sabemos que viene el cambio; más vale aprender a usarlo bien y a nuestro favor antes de que nos rebase.” El desafío va más allá de la productividad pues toca también la representación en tanto que la ciudadanía elige a personas para legislar y responder por sus decisiones; si esas tareas se trasladan a una interfaz, aparece una doble sustitución que debilita el (de por sí complicado) vínculo representativo.
*Sergio A. Bárcena es profesor-investigador del Tec de Monterrey. Fundador de Buró Parlamentario. Erik Cardona es profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Reino Unido.